sesión ordinaria del Ayuntamiento de Sanlúcar, 1º de mayo de 1911).
El agua de sus localidades apenas colaboraban con las autoridades provinciales en el control de los focos infecciosos. Más fácil era potenciar la colaboración con dichas autoridades en las labores encomendadas a las juntas de sanidad locales para controlar los focos infecciosos en calles y establecimientos públicos pero las causas profundas de la aparición cíclica del cólera o de las fiebres tifoideas tenían que ver con la mala calidad del agua potable, con el nulo saneamiento existente y con la abundancia de basuras en calles y barriadas próximas.
La existencia de estercoleros, basureros, establos y cochineras en el interior de las poblaciones era también algo habitual en el Aljarafe durante la primera mitad del siglo XX. La suciedad en las calles –a la que ya nos referimos-, el abandono de animales muertos en las vías públicas, la falta de un sistema de limpieza, de inspección e higienización de las viviendas y de los establecimientos públicos contribuyeron a un lamentable estado sanitario con evidentes repercusiones sobre las aguas subterráneas. Sin embargo, la tradición normativa española a la hora de proteger la salubridad en las oblaciones viene de antiguo. Por ejemplo, en la comarca objeto de nuestro estudio, las Ordenanzas Concejiles de Benacazón ya prohibían en 1545 el paso de cerdos y bueyes por sus calles, el arrojar basuras en calles y corrales, etc., prohibiciones que se repitieron constantemente a lo largo del tiempo, mostrando así su propia ineficacia.
Las ordenanzas de la villa de Albaida de 1577 también eran muy explícitas en el control del estiércol como contaminante. Otro Auto de Buen Gobierno de 1822 insistía en la prohibición de arrojar basura y estiércol a las calles de Benacazón. En esta localidad las ordenanzas de 1895 insisten en la larga tradición normativa de protección del agua promoviendo la limpieza de las calles y del entorno urbano y prohibiendo, de paso, la acumulación de “toda clase de basuras e inmundicias que puedan inutilizar el agua para el servicio del vecindario”.
Así ocurrió por ejemplo con el de Carmen Macías en la calle Colón, 25, de Sanlúcar la Mayor (año 1967). AMSM, leg. 195, núm. 37. Sin duda, un elemento que contribuyó a esto fue que desde principios del siglo XX los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes (todos los del Aljarafe) no tuvieran obligación de implantar laboratorios municipales para desinfectar y reconocer las aguas (Matés, 1998: 44). El Reglamento de 1925 los hizo obligatorios en las poblaciones de más de 10.000 habitantes, situación en la que no debía estar tampoco ninguna de las poblaciones de la comarca (Matés, 1998: 49, y Matés, 1999: 471-476)
Tras siglos en los que apenas hubo cambios en los sistemas de abastecimiento y saneamiento en el Aljarafe, a partir de la primera y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX se pasó de los pozos negros a un sistema primario de alcantarillado que vertía las aguas residuales sin depurar a los ríos y arroyos Pudio, Majalberraque, Alcarayón, Guadiamar y Guadalquivir, próximos a sus términos municipales. A fines de los noventa se realizaron fuertes inversiones en materia de saneamiento tanto en la cuenca del Guadiamar como en la del Guadalquivir, conformándose un saneamiento integral que resolvía en gran parte el problema.
La normativa legal podía indicar un camino a seguir pero la capacidad de los municipios era mínima para romper una situación que venía de lejos y que exigía unos recursos económicos de los que no se disponía .(AMSM: Municipal de Sanlúcar la Mayor)
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